Los diarios anunciaron que la guía de atención del aborto no punible se había convertido en resolución ministerial. Pero no pasó ni un día antes que el ministro de Salud, el clerical Juan Manzur, saliera a desmentirlo. Al día siguiente, en medio de la confusión, se supo que fue la propia Cristina Kirchner la que llamó para ordenar que se volviera atrás con esa resolución. La presidenta, en innumerables ocasiones –incluso cuando aún estaba en campaña electoral- dejó en claro su posición contraria al derecho al aborto. Esa postura la hace explícita a la hora de elegir a los ministros de Salud: primero fue Graciela Ocaña –que provenía de las filas de la chupacirios de Lilita Carrió-; fue quien dijo que el aborto era tema de “política criminal”. Después, nombró al actual ministro Manzur –conocido por ser un ferviente católico practicante-. Pero no es sólo Cristina la que está en contra. También lo están muchos gobernadores, diputados y senadores, aún algunos de los K que aprobaron el matrimonio igualitario. Fuentes del gobierno aclararon que con esta “vuelta atrás” se intentaba dar “una clara señal de la intención oficial de no profundizar los roces” con la Iglesia.

Mientras el gobierno impedía que se avanzara mínimamente con la reglamentación del aborto no punible, se conocía la trágica noticia de una niña de 11 años que había sido abusada por un vecino. Los medios debatían si correspondía o no la interrupción de ese embarazo, bajo la figura de aborto no punible que contempla la excepción del código penal. Pero el gobierno sigue dándole la espalda a las miles de mujeres que deben recurrir al aborto clandestino, a las que mueren por las consecuencias de esta clandestinidad y ni siquiera da un claro mensaje para que al menos se respeten las excepciones del aborto no punible, dándole vía libre a la Iglesia, los grupos derechistas autodenominados “pro-vida” y los jueces clericales y reaccionarios que judicializan cada intervención poniendo en riesgo la salud y la vida de niñas y mujeres violadas.